Bajo disposiciones antimonopolio, las agencias gubernamentales pueden:
Demandar a trusts para forzar su división.
Exigir separación de ciertas personas de negocios.
Imponer penas criminales a quienes conspiren para fines anticompetitivos o conductas monopólicas.
Estos poderes buscan preservar competencia de mercado y proteger consumidores de monopolios.